CIPAZ

¡Que luchar por nuestros derechos no nos cueste la vida!

12 de mayo de 2021

Por: María del Mar y Daniela Franco Dussán

El consejo Regional Indígena del Cauca el 9 de mayo de 2021 recibió una arremetida violenta por parte de habitantes de la ciudad vestidos de blanco, en camionetas último modelo y con armas de fuego de distintos calibres y proporciones. Los videos y narraciones de los hechos demuestran la complicidad de la policía con civiles armados arremetiendo contra la Minga Indígena, quienes cabe resaltar no tenían ninguna intención violenta ni armada. Hasta el momento ni los medios de comunicación tradicionales ni los organismos de control institucional han realizado las investigaciones pertinentes para determinar quiénes son los responsables.

Estamos gobernados por una política de terror financiada por el narcotráfico y el despojo. El diálogo que propone el presidente Iván Duque se queda como una propuesta que beneficia a unos pequeños sectores, que no representan a la ciudadanía movilizada, mientras fortalece la militarización en las ciudades.  Es urgente desmilitarizar las calles, para garantizar un diálogo incluyente y atender a la visibilización de grupos paramilitares en complicidad de la policía y los medios de comunicación tradicionales, que revela el poder y fuerza que tiene el narcoparamilitarismo en nuestro país.

Además, esta realidad refleja el incumplimiento de los Acuerdos de Paz con las Farc, particularmente en el punto 1 Reforma Rural Integral, el punto 2 que garantiza la participación política amplia y democrática y el punto 4 Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Nuestra agenda de movilización debe exigir el cumplimiento de los acuerdos como una bandera central para lograr la consolidación de la paz.

Y no siendo esto lo único, Colombia necesita una restructuración estatal que nazca desde el antimilitarismo y despatriarcalización de la sociedad, esto teniendo en cuenta que también es una responsabilidad social e individual lograr un verdadero cambio. Si la sociedad y la educación sigue fundándose en conceptos de abuso, elitismo, racismo y machismo difícilmente veremos esto reflejado en la público, de igual forma creemos que el mismo sistema debe invitar a la ciudadanía a desaprender dichas violencias estructurales. Así mismo, acatamos y sostenemos las solicitudes populares del desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la reforma sustancial y radical a la fuerza pública y las fuerzas militares.

En estos últimos días hemos podido ver y evidenciar, una vez más, las violencias estructurales que siguen tan interiorizadas por gran parte de la ciudadanía colombiana: la xenofobia, el racismo, la aporofobia y el machismo ha permitido que se funde como principio para decidir quiénes pueden tener acceso a derechos y quiénes no. Nuestro llamado a la ciudadanía y al gobierno es claro, la vida debe respetarse y los derechos deben garantizarse sin pero alguno. El pueblo colombiano está agotado, no aguanta más y por lo mismo sale a las calles en su legítimo derecho a la protesta para solicitar dignidad y paz.

Lo que sucede en Colombia evidencia nuevamente el debilitamiento y deslegitimidad de las instituciones y el Estado que rige al país, que además, podemos notar que cuando se usa la fuerza y el abuso como forma para seguir sometiendo a la ciudadanía lo único que se consigue es el despertar del pueblo y las revoluciones de cambio, las que permiten volver al diálogo y a establecer lo que es realmente importante: una vida digna con derechos humanos. Podemos tomar como ejemplo a Ecuador y Bolivia que han podido tumbar gobiernos de turno autoritarios y volver a la esencia de las ciudadanías.

El gobierno DEBE garantizar lo solicitado y evitar despliegues armados que lo único que hacen es causar más muertes y miseria en este país. Más allá de tintes políticos, la vida está primero y en medio de situaciones tan dolorosas, nos mantiene la tenacidad de un pueblo que sigue de pie, avanzando hacia la posibilidad de un país menos segregado y empobrecido.

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